Santo Domingo. Las recientes declaraciones de la senadora Ginette Bournigal han generado un intenso debate en la opinión pública, luego de expresar respaldo a actuaciones de la Policía Nacional y cuestionar las manifestaciones ciudadanas mediante cacerolazos, una forma de protesta utilizada en distintos países para expresar descontento social.
Para diversos sectores, la posición de la legisladora refleja una visión que prioriza el respaldo institucional a la Policía por encima de las preocupaciones de ciudadanos que denuncian abusos, uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos fundamentales. Sus críticos sostienen que, en un Estado democrático, es posible defender el fortalecimiento de la institución policial sin dejar de exigir investigaciones y sanciones cuando ocurren actuaciones irregulares.
Los cacerolazos, por su parte, son considerados una expresión de protesta pacífica y de libertad de expresión. Quienes rechazan las declaraciones de la senadora entienden que descalificar este tipo de manifestaciones puede interpretarse como una falta de reconocimiento al derecho de los ciudadanos a expresar su inconformidad con las políticas públicas o con el desempeño de las autoridades.
En los últimos años, diferentes organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas han reclamado mayor transparencia en los procesos de investigación de denuncias contra agentes policiales. En ese contexto, las declaraciones de figuras públicas suelen ser objeto de escrutinio, especialmente cuando se perciben como un respaldo amplio a la actuación institucional.
El debate de fondo no gira únicamente en torno a la Policía Nacional, sino también al equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos constitucionales. Una parte de la sociedad considera indispensable apoyar el trabajo de los agentes que cumplen con la ley, mientras otra insiste en que ese respaldo no debe impedir la crítica ni el control democrático sobre posibles excesos.
Las declaraciones de la senadora han reavivado la discusión sobre el papel que deben asumir los representantes electos frente a las demandas sociales. Para algunos, corresponde defender a las instituciones; para otros, su responsabilidad principal es escuchar las preocupaciones de la ciudadanía y promover soluciones que fortalezcan tanto la seguridad como la confianza pública.
En una democracia, el debate público sobre estos temas forma parte del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a cuestionar las actuaciones de sus autoridades, siempre sobre la base de hechos verificables y con respeto al debido proceso.
