Cocinas fantasmas, denuncias sobre licitaciones y cuestionamientos al desayuno y almuerzo escolar ponen nuevamente al INABIE bajo la lupa
Santo Domingo, RD. — En el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) las denuncias se acumulan y la pregunta comienza a ser inevitable: ¿quién está dispuesto a investigar a fondo lo que está ocurriendo dentro de esta institución?
El nombre que aparece en el centro de los cuestionamientos es el de Rafael Adolfo Pérez de León, actual director ejecutivo del INABIE, una figura vinculada políticamente al entorno del presidente Luis Abinader.
En las últimas semanas han salido a la luz denuncias relacionadas con los procesos de licitación de cocinas destinadas a preparar el almuerzo escolar. Empresarios han denunciado presuntas irregularidades y hasta la existencia de supuestas “cocinas fantasmas”, es decir, establecimientos que habrían sido adjudicados para prestar el servicio sin que, según los denunciantes, existieran físicamente en las condiciones requeridas.
La situación tomó mayor dimensión cuando el propio INABIE anunció la suspensión de 14 proveedores por irregularidades detectadas durante nuevas inspecciones. Entre los hallazgos mencionados por la institución aparecen cocinas desmanteladas o que no pudieron ser localizadas en las direcciones declaradas por los oferentes, además de diferencias entre la capacidad instalada que habían declarado y la que posteriormente fue comprobada.
Entonces surge la pregunta que nadie debería evadir:
¿Cómo fueron inspeccionadas esas cocinas antes de ser adjudicadas?
Porque si una cocina no existe, estaba desmantelada o no tenía la capacidad declarada, alguien debe explicar cómo logró superar los procesos de evaluación.
Y aquí aparece otro elemento que merece una investigación independiente.
Empresarios denunciaron públicamente que supuestamente se habrían solicitado sumas millonarias para favorecer determinadas licitaciones. Una de las denuncias publicadas en agosto habló de montos de entre RD$20 y RD$25 millones vinculados, según el denunciante, a procesos de adjudicación. Se trata de acusaciones graves que deben ser investigadas y comprobadas por las autoridades competentes.
¿Y LA CALIDAD DEL ALIMENTO?
Mientras se discuten licitaciones y cocinas, hay una realidad que no puede quedar en segundo plano: los estudiantes dominicanos son quienes reciben diariamente el desayuno y el almuerzo escolar.
El propio INABIE ha reconocido la necesidad de realizar miles de inspecciones y ha suspendido proveedores por incumplimientos. En 2024, por ejemplo, la institución informó haber emitido 231 informes por incumplimiento de buenas prácticas de manufactura y haber suspendido ocho empresas. (Inabie)
Más recientemente, después de que decenas de estudiantes resultaran afectados tras consumir leche del desayuno escolar en un centro educativo de Santiago, el INABIE suspendió 14 proveedores como parte de nuevas fiscalizaciones. (Diario Libre)
Entonces la pregunta vuelve a ser obligatoria:
¿Estamos frente a casos aislados o existe un problema estructural que debe ser investigado a profundidad?
¿PROTECCIÓN POLÍTICA?
También resulta legítimo preguntar por qué, ante la acumulación de denuncias y cuestionamientos, no se observa una investigación pública e independiente que determine responsabilidades.
En el debate político se ha señalado al director del INABIE como una persona cercana al oficialismo y se ha cuestionado si cuenta con respaldo dentro del Gobierno. Incluso se ha mencionado políticamente el nombre de la vicepresidenta Raquel Peña.
Pero aquí hacemos una precisión fundamental: no estamos afirmando que la vicepresidenta Raquel Peña esté protegiendo al director del INABIE, porque esa afirmación tendría que ser demostrada.
Lo que sí preguntamos es:
¿Tiene Rafael Adolfo Pérez de León algún nivel de protección política que explique por qué las denuncias no han provocado una investigación de mayor profundidad?
Si no existe tal protección, entonces que las autoridades lo demuestren investigando.
Porque cuando se habla de cientos de millones de pesos destinados a alimentar a los estudiantes dominicanos, no puede existir silencio.
EL DINERO ES DEL PUEBLO
El INABIE administra uno de los programas sociales de mayor impacto del Estado dominicano. El propio organismo ha señalado que el Programa de Alimentación Escolar alcanza a millones de beneficiarios.
Por eso, las denuncias sobre licitaciones, cocinas supuestamente inexistentes, proveedores suspendidos y deficiencias en el servicio no pueden ser tratadas simplemente como una disputa entre empresarios.
Aquí hay dinero público, estudiantes y responsabilidad del Estado.
La pregunta final es sencilla:
¿Quién va a investigar al INABIE?
Porque por donde aparecen denuncias, aparece un problema.
Y cuando el problema se repite una y otra vez, ya no basta con decir que se están haciendo inspecciones.
El país necesita saber qué ocurrió, quién falló, quién se benefició y quién debe responder.
La alimentación de nuestros estudiantes no puede convertirse en un negocio donde unos ganan millones y otros simplemente miran hacia otro lado.
