El mayor enemigo de la democracia no siempre es la corrupción; muchas veces es la impunidad.
En la República Dominicana existe un profundo desencanto social por la percepción de que los grandes escándalos relacionados con el manejo de los fondos públicos rara vez concluyen con sanciones que convenzan a la ciudadanía. Mientras tanto, el pueblo observa cómo las promesas de transparencia se repiten en cada gobierno, pero la confianza en las instituciones continúa deteriorándose.
La justicia debe actuar con independencia, sin importar el partido político, el apellido o el poder de quienes ocupen cargos públicos. El combate a la corrupción no puede ser selectivo ni responder a intereses políticos; debe aplicarse con el mismo rigor para todos.
Los recursos del Estado pertenecen al pueblo, no a quienes administran temporalmente el gobierno. Cada peso mal utilizado representa menos hospitales, menos escuelas, menos seguridad y menos oportunidades para los dominicanos.
La República Dominicana merece una justicia que genere confianza, instituciones fuertes y funcionarios comprometidos con la rendición de cuentas. Solo cuando la ley se aplique por igual a todos podremos comenzar a romper la percepción de impunidad que tanto daño le hace a nuestra democracia.
Porque sin justicia independiente no hay confianza, y sin confianza no hay verdadero Estado de derecho.
