SANTO DOMINGO. — El caso relacionado con el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa) continúa avanzando en los tribunales, mientras el Ministerio Público dispone de cuatro meses adicionales para completar las investigaciones y presentar formalmente su acusación.
La decisión mantiene en prisión a tres de los imputados, mientras las autoridades agotan una serie de diligencias que consideran necesarias para fortalecer el expediente.
Entre las actuaciones pendientes figuran los interrogatorios a múltiples testigos, la recopilación de informes financieros y la realización de peritajes de organismos como la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), además de otras diligencias vinculadas a instituciones auxiliares de la investigación.
Y aquí cabe una pregunta que no puede pasar inadvertida: ¿para desfalcarle al seguro de salud de millones de dominicanos había que estar enfermo?
No. Si las acusaciones que investiga el Ministerio Público terminan siendo demostradas ante los tribunales, estaríamos frente a un caso que va mucho más allá de simples irregularidades administrativas: se trataría de recursos destinados a garantizar servicios de salud a la población.
Mientras avanza el proceso judicial, el país espera que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que cada peso involucrado sea identificado, rastreado y, si corresponde, recuperado.
Porque cuando se juega con los recursos de la salud pública, no se está robando solamente dinero: se está poniendo en riesgo la atención de quienes dependen de ella.
La justicia tendrá ahora cuatro meses para que el Ministerio Público complete las diligencias pendientes y determine quiénes deberán responder formalmente por los hechos investigados.
Si hubo desfalco, que aparezcan los responsables. Y si hubo ladronazo, que la justicia diga quién fue.
