La velocidad con la que el Congreso Nacional pretende conocer y aprobar las modificaciones al nuevo Código Penal despierta serias interrogantes. Una legislación de esta importancia, que impactará los derechos y deberes de todos los dominicanos, no debería ser aprobada de manera acelerada ni sin un debate amplio y transparente.
La comisión bicameral ha anunciado que busca tener listo su informe en tiempo récord. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿es suficiente ese tiempo para analizar con profundidad las observaciones realizadas por juristas, académicos, comunicadores y representantes de la sociedad civil?
Un Código Penal no puede modificarse "al vapor". Cada artículo debe ser estudiado cuidadosamente para evitar contradicciones, vacíos legales o disposiciones que puedan afectar derechos fundamentales. La ciudadanía merece conocer el alcance de cada cambio antes de que sea convertido en ley.
Entre las mayores preocupaciones expresadas por diversos sectores se encuentran las disposiciones que, según sus críticos, podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión y generar incertidumbre para periodistas, comunicadores y creadores de contenido. Por esa razón, numerosos ciudadanos han pedido un debate más amplio antes de la aprobación definitiva.
La transparencia fortalece la democracia. Cuando una ley de esta magnitud se tramita con excesiva rapidez, es natural que surjan dudas y cuestionamientos sobre si todas las observaciones están siendo debidamente consideradas.
El Congreso tiene la responsabilidad histórica de aprobar un Código Penal moderno, equilibrado y respetuoso de la Constitución y de los derechos fundamentales. Más que velocidad, el país necesita una legislación que nazca del consenso, del análisis jurídico y del compromiso con el interés nacional.
La democracia no se fortalece aprobando leyes con prisa, sino garantizando que cada decisión sea producto del debate, la transparencia y el respeto a los derechos de todos los dominicanos.
